Ciudadanía vuelca sus denuncias al Cpccs de transición

En los 30 días que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio lleva en funciones, la entidad ha recibido 183 denuncias sobre supuestos actos de corrupción. En su primer mes, esta entidad ha enfocado su trabajo en dos frentes: el trámite de estas denuncias y la elaboración de reglamentos para la evaluación y designación de autoridades nacionales de control. En el tema de los reglamentos ya se concluyó con el instructivo para las evaluaciones.

Y se emprendieron los procesos para el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, el Consejo Electoral (CNE) y la Superintendencia de Bancos. La primera etapa de evaluación será la investigación, con base en informes que las autoridades deben entregar en los próximos seis días y las denuncias que la ciudadanía podrá presentar durante cinco días. Esta parte del proceso confluirá con el tratamiento de las 189 denuncias que han llegado desde la ciudadanía, gremios, políticos y asambleístas. Todo recaerá en los equipos que lidera la Secretaría de Transparencia del Consejo Transitorio, dirigida por María de Lourdes Arboleda. Ella es integrante (con licencia) de la Comisión Anticorrupción. Los grupos de trabajo se centran en cuatro áreas: admisión de denuncias, investigación, patrocinio y transparencia.

Para las evaluaciones habrá un equipo por cada institución que analizará los informes de las autoridades. Luego emitirá un informe para que sea aprobado por el Pleno. Y, antes de decidir si el funcionario es o no cesado, el Consejo recibirá en audiencia pública al evaluado. Pero, a la par, los otros equipos del Cpccs analizarán el resto de denuncias presentadas y las que sigan llegando. Y, si hay casos que involucren a los evaluados, copiarán el expediente al equipo especializado en esa institución. El Consejo también ha tenido que enfrentar problemas administrativos y económicos para armar estos equipos, ya que la evaluación es una actividad excepcional. Según el consejero Xavier Zavala Egas, se dieron por terminados todos los contratos ocasionales y se mantuvo únicamente a funcionarios de carrera. Y las vacantes, sin importar al área a la que correspondían, se utilizaron para contratar investigadores. También se conservó a los investigadores que ya estaban en la entidad, aunque antes no tuvieron buenos resultados. Según el diagnóstico hecho por Arboleda, esto se debió a que hubo directrices para que la Secretaría no cumpla su función.

El mecanismo utilizado era omitir lo que pasaba en el Gobierno central e investigar solo a los gobiernos autónomos descentralizados. Poco después de su designación, Arboleda dijo que en los últimos 10 años hubo 3 000 denuncias de corrupción que no fueron tratadas. Tras un mes, dice que esa cifra se quedó corta, pero la información para corroborar esos datos no está en el archivo. Por el nivel de denuncias, el Consejo está consciente que en un año no podrá evacuar todo. Su objetivo es dejar una nueva base de trabajo y procesos para que se continúe en el siguiente período. Jalkh acata suspensión El Cpccs ordenó la suspensión de los concursos de designación de fiscales que el Consejo de la Judicatura tenía en marcha, hasta que finalice la evaluación de esa entidad. El 5 de abril del 2018, Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, acató la resolución, pero pidió que la decisión sea revisada. Argumentó que el Cpccs no tiene esa potestad y que no hay motivación jurídica para suspenderlos.

Dijo que se está coartando el derecho ciudadano a participar en los procesos. En la Función Judicial hay 7 000 vacantes con 35 000 aspirantes. Y advirtió las consecuencias económicas por la contratación en marcha para el concurso. En contexto ? Según el mandato de la consulta popular, el Consejo de Participación transitorio estará en funciones hasta que se elija a los integrantes definitivos, en las urnas, en 2019. Al momento ha cesado a dos superintendentes: Carlos Ochoa y Patricio Rivera.

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A.R