Código de Finanzas sirvió de alegato en sanción a Jorge Glas

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de la Contraloría del Estado son las normas que se articularon para disponer la destitución de Jorge Glas como ministro coordinador de Sectores Estratégicos y miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera, tras suscribir el contrato de explotación de petróleo en el Bloque Singue en la Amazonía, con el Consorcio DGC.

Este 27 de octubre se divulgó un examen especial, firmado por el contralor sugrogante Pablo Celi, en el que se establece la destitución de Glas por la firma de ese contrato, cuando fue ministro entre el 1 de enero de 2011 y 30 de septiembre de 2016 y una multa de $ 5.840 al “confirmar la responsabilidad administrativa culposa”.

En el documento se esgrime el código, por la responsabilidad que se asigna a las autoridades en el manejo financiero institucional, por el que, según el artículo 180, serán sancionados “(…) con su destitución si el incumplimiento obedece a negligencia grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales. Si el incumplimiento fuera de un ministro o secretario de Estado, la sanción a la que se refiere el párrafo anterior será impuesta por el presidente de la República”.

Más, el artículo 46 de la Ley de la Contraloría sobre la sanción por faltas administrativas que ratificó la destitución.

Glas, ahora vicepresidente de la República sin funciones y encarcelado en la Cárcel 4 de Quito, por el presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht, anunció que apelará ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El suceso genera incertidumbre sobre si Glas debe o no ser destituido. Celi dijo a la prensa el viernes, que a él no le corresponde señalar si pierde la función de vicepresidente, pues solo determinan sanciones.

Ramiro Aguilar, exlegislador y jurista, aclara que la resolución de la Contraloría “no es ejecutable por extemporánea”, y “no se puede destituirlo de su calidad de ministro, que ya no ostenta. El contralor debió establecer responsabilidades, y las glosas, y enviarlas a la Asamblea para que las procese”.

Esto, porque en el caso del presidente y vicepresidente de la República, solo el Parlamento puede destituirlos, mediante un juicio político.

En cambio, el constitucionalista León Roldós cree que Glas “está fuera del Gobierno, porque ha perdido legitimidad”.

Prefiere no adelantar un criterio, pero opina que este “es un hecho jurídico-político, y caer en la pureza absoluta legal es complejo”.