Contraloría: CNE cayó en un ‘Pozo’

En junio de 2015, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese entonces, integrado por Juan Pablo Pozo (presidente), Nubia Villacís (vicepresidenta), y por los consejeros Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta, aprobaron y proclamaron los resultados definitivos del concurso de oposición y méritos para la designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana.

De acuerdo con los resultados, como autoridades principales fueron designados Raquel González (electa luego presidenta), Edwin Jarrín (vicepresidente), Doris Gallardo, Tito Astudillo, Tania Pauquer, Luis Burbano y  Juan Peña.

El tiempo pasó. Ayer en la Contraloría se dio lectura al informe borrador del examen especial a la gestión del organismo electoral en el periodo comprendido entre el primero de enero de 2012 y el 31 de julio de 2018.
Detalles
Entre las observaciones del organismo de control consta precisamente la realización de ese concurso. Según el documento, y sin mencionar nombres, hubo postulantes que presentaron certificados caducados del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y del Ministerio de Trabaj, de no tener contratos con el Estado y ni impedimentos para ejercer un cargo público, respectivamente. Es decir, según la Contraloría, eran postulantes que no cumplieron con los requisitos y continuaron en el concurso.

Otros que en la fase de méritos presentaron formularios que no cumplían formalidades en la que detallaban su trayectoria social o de participación ciudadana sin adjuntar certificados, o presentaron certificados de iniciativas cívicas que habían realizado, pero sin especificar las funciones realizadas o el tiempo que realizaron esas labores; o certificados de premios y reconocimientos sin sustento.

Esto generó, consta en el informe, que se les otorgue puntajes superiores a los que debían tener realmente. Y a pesar de estas presuntas irregularidades, el informe que presentó la comisión de apoyo fue aprobado por el pleno del CNE, es una de las conclusiones. Mientras que de la fase de oposición, como las pruebas escritas, el informe establece que no hay constancia de esta parte del proceso, ya que no se pudo acceder al formato digital que se le entregó para la auditoria, pues los archivos o están en otro formato, dañados o vacíos, con lo que no se dispone en la Contraloría de esos documentos, por lo que “no hay respaldos de esta fase del concurso”.
Otras observaciones
Consta también que el organismo electoral procedió a la cancelación del registro electoral de ocho organizaciones políticas provinciales, pero que el liquidador de esas organizaciones fue nombrado sin el respaldo legal.

También se menciona el pago de viáticos por viajes al exterior sin la documentación completa. En este caso consta uno a la OEA del presidente del CNE entre el 24 y 29 de julio de 2017, pero que no hay constancia de los pasajes a bordo, ni del calendario de actividades o de los objetivos logrados.

Otro caso es el de un consejero que salió a Argentina entre el 21 y 26 de julio de 2014 en comisión de servicios sin que al momento de su partida haya contado con la autorización para hacerlo, y que regresó al país cuatro días después de haber concluido la comisión de servicios, es decir, no se reportó a su trabajo cuando debía hacerlo.

Otra consejera electoral, en 2013, salió a Miami (EE.UU.) a un curso de ‘Análisis y estrategia política’, pero al regresar no “puso en práctica o compartió” los resultados de su capacitación, en la que el organismo electoral gastó 4.848 dólares.

Los involucrados en el informe preliminar tienen cinco días hábiles para presentar sus pruebas de descargo. (HCR)

Cuestionan la auditoría
° Tras la lectura del informe, algunos abogados, que estarían inmersos en las presuntas irregularidades, cuestionaron el documento de Contraloría. Manifestaron que no se ha tomado en cuenta los instructivos para el concurso, del que dicen, se realizó de acuerdo a lo que establece la normativa. Dijeron que el informe es discrecional y sin conocimiento de la reglamentación, o que no se ha tomado en cuenta que el concurso se realizó con veeduría ciudadana y presencia de notarios.

 

FUENTE. DIARIO LA HORA

A.R