Exrectores de universidades cerradas presentarán demanda ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Esta mañana en las instalaciones de Radio Morena se reunieron los abogados Jorge Sosa y Dennis Acaro junto a diez exrectores que forman parte de las universidades cerradas durante el gobierno de Rafael Correa.

El motivo de la rueda de prensa fue para anunciar que se presentará formalmente una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los exrectores. “Vamos a denunciar problemas del debido proceso, amenazas, confiscación irregular de bienes y metida de mano de la justicia en temas de educación debido a la ineficacia, ineptitud y lentitud de los órganos administrativos de control y judiciales en el Ecuador”, declaró Sosa, quien junto a Acaro está a cargo del caso.

El abogado Jorge Montero, exrector de la Escuela Superior Politécnica Ecológica (cerrada por el gobierno por supuesto bajo nivel académico), expresó que lo que el grupo denuncia es “el perjuicio a los miles de estudiantes a los que dejaron fracasados en las zonas más apartadas del país en donde no existe educación superior”.

“Los representantes de las universidades que estamos aquí, somos los que no aceptamos de ninguna manera caer en el campo de lo que el ex gobierno quería”, declaró Montero. Hace más de seis años el abogado presentó una denuncia por desaparición de bienes de la universidad de la provincia de Loja y todavía no ha tenido respuesta. Él califica esto como una vergüenza. “La denuncia no avanza porque detienen el proceso”.

El abogado Sosa recalcó que la mayoría de los exrectores presentes ya han puesto denuncias individuales, pero no han visto resultados. Por esto afirma que “frente al retardo injustificado en la administración de justicia”, la demanda no es solo contra el Estado ecuatoriano, sino que pedirán que se investigue a autoridades y exautoridades de la Senescyt, a jueces, fiscales y a las autoridades de contraloría. “Vamos a presentar un listado en donde constaran por lo menos 30 autoridades que no han tenido la eficacia ni la voluntad de continuar con un proceso que está dentro del orden de lo penal, lo constitucional y de lo civil”.

A.M.