La mitad de los proyectos de ley de Lenín Moreno aún están en trámite en la Asamblea

Ocho de dieciséis proyectos del Ejecutivo, desde el 2017, se han convertido en leyes publicadas en el Registro Oficial. Los ocho restantes, enviados entre finales del 2018 y el 2019, aún están en trámite de la Asamblea. Cuatro están calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y enviados a las comisiones, dos no han sido calificados, uno tiene informe de primer debate y otro informe para segundo debate.

En cuanto al contenido, tres proyectos responden a reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), dos a Seguridad y Fuerzas Armadas, uno a Pesca, otro a Comunicación y otro a Movilidad Humana. De los ocho, el más avanzado es el de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante (con reformas al COIP) que da facilidades a los funcionarios para denunciar, mayores reservas de identidad en casos de corrupción, incentivos económicos a los denunciantes y amplía la figura de cooperación eficaz.

Sin embargo, su trámite se detuvo antes del segundo debate, luego de que una mayoría de 75 asambleístas aprobara la moción de Ximena Peña (AP), presidenta de la Comisión de Justicia, para que el documento sea insumo de reformas al COIP. Se preveía que las reformas penales se debatirían antes del receso, pero no fue así.

Los dos últimos proyectos pendientes del Gobierno tratan sobre comunicación y movilidad humana. El primero reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación para quitar la figura de “servicio público” de la definición de medios de comunicación social. El proyecto pasó el primer debate en junio y se tramita en la Comisión de Derechos Colectivos. El último proyecto es la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de 88 artículos y dos disposiciones transitorias. Su trámite llegó hasta la calificación del CAL.

Aún sin fecha de debate, esta iniciativa de los ministros de Relaciones Exteriores, José Valencia, y de Gobierno, María Paula Romo, busca endurecer los requisitos para el ingreso de extranjeros y agilitar la deportación para quienes infringen las leyes ecuatorianas.

Fuente: «El Universo»