El pasado lunes 9 de noviembre, se suspendió la audiencia de juicio por el delito de trafico de influencias contra los funcionarios de la Prefectura del Guayas y familiares del fallecido prefecto Carlos Luis Morales.
Por su parte Karla del Rocío Vélez Vélez fiscal provincial de Manabí, quien lleva el proceso de investigación, destaca que no habría enviado los 88 cuerpos para que el juez que lleva la causa, el presidente de la Corte provincial de Justicia, Alfonso Ordeñana, los revise.
Así mismo, la semana anterior la fiscal presentó su dictamen abstentivo que favorece a Miguel Calderón Ramos, Julieta Suárez Ramos, Daniel Romero Flores, Sandra Arcos Astudillo, viuda del exprefecto Morales, y Javier Vélez Arcos, hijastro del fallecido funcionario.
Mediante esta causa se extinguió para el fallecido, este proceso sigue en contra de los demás y por el fuero de corte que gozaba Morales era inicialmente la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quien lo indagaba, pero ella se abstuvo al tener un conocido dentro de los procesados. En este caso, se investiga la adquisición irregular de insumos médicos en esta emergencia.
La Prefectura había adquirido 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 a 23,16 dólares cada una; mientras que en la misma época el Municipio de Guayaquil había comprado las pruebas a 11,20 dólares.
La Prefectura también adquirió 70.000 mascarillas KN95 con $6,71. Además del supuesto sobreprecio, se investigan las adjudicaciones.
