Rafael Correa involucrado en presuntas irregularidades del caso Singue

Se registran nuevos documentos con indicios de responsabilidad penal del informe DASE-0044-2017; elaborado por la Contraloría en agosto pasado. La entidad de control aseguró haber hallado presuntas irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue al Consorcio DGC, en abril del 2012.

Varios son los funcionarios involucrados en este hecho como posibles responsables de la licitación, entre ellos el exmandatario Rafael Correa, por el envió de un oficio realizado por el contralor general, Pablo Celi, el 1 de marzo, al fiscal general Carlos Baca en el que pide que se incluya en la indagación penal al expresidente porque él aparentemente sí conoció de la negociación del campo petrolero.

Celi, menciona sobre el contrato para la explotación y exploración de Singue. Y destaca que hubo “varias reuniones” con la comisión negociadora, en las que se acordó una inversión de USD 26,7 millones para la perforación de tres pozos petroleros. Además, le indica que la comisión propuso fijar en USD 29,3 el precio por barril producido. Sin embargo, en el informe de la Contraloría se advierte que el 26 de septiembre del 2011 (ocho meses después del oficio enviado a Correa) se llega a un acuerdo final y se fija otra tarifa: USD 33,5 por barril.

Rafael Correa tras conocer el pedido del contralor general, publicó el día de ayer un tuit donde señaló “El querer involucrarme en el caso Singue (que no conocía), por una supuesta carta enviada a la Presidencia por la empresa Dygoil (que no conozco), demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi y sus patrones, para tratar de acusarme de algo”.

Para demostrar que Correa sí conocía de la negociación, Celi remitió a Baca un documento suscrito por el gerente de Dygoil, la compañía que forma parte del consorcio DGC, en enero del 2011.

Como efecto de estas irregularidades, según la Contraloría, el Estado sufrió un aparente perjuicio de USD 5,2 millones por la adjudicación del bloque Singue a DGC, que involucra a exfuncionarios del sector petrolero y el consorcio.