Se cumplió un año de la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, un caso que estremeció al país y que hoy entra en su fase judicial más importante. La misma fecha que marcó el inicio del horror es ahora el día en que la Fiscalía presentó sus alegatos finales y solicitó una de las condenas más altas registradas en el Ecuador por violaciones a los derechos humanos.
Un aniversario marcado por el dolor y la búsqueda de justicia con marchas y actividades en varias provincias del país.
Los menores de edad, todos entre 6 y 12 años fueron desaparecidos el 8 de diciembre de 2024, y hallados sin vida semanas después, el 24 de diciembre. Sus cuerpos presentaban signos de tortura y violencia extrema. El caso, que inicialmente fue manejado con confusas versiones policiales, terminó señalando a 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como presuntos responsables.
Durante este primer año, las familias han realizado plantones mensuales y vigilias en Guayaquil y Quito, reclamando respuestas claras y denunciando presuntas maniobras para dilatar el proceso. “No descansaremos hasta ver justicia”, repiten los padres de los menores, quienes este lunes volvieron a concentrarse frente a la Fiscalía.
Audiencia clave y pedido de 34 años de prisión:
La Fiscalía solicitó una pena de 34 años y ocho meses de prisión para los procesados, al considerar acreditados los agravantes de tortura, vulneración extrema a la integridad física y psicológica de los niños, ocultamiento de pruebas y muerte.
En audiencias previas, varios testimonios revelaron episodios de violencia extrema cometidos contra los menores. Uno de los procesados incluso admitió haber “boxeado” con uno de los niños durante el operativo, mientras otro militar decidió colaborar con la Fiscalía y confesó que grabó un video de las agresiones, pidiendo perdón a las familias por haber ocultado información durante semanas.
Estas declaraciones, sumadas a peritajes forenses y análisis de trayectoria de móviles militares, fortalecen la acusación fiscal.
El juicio, un precedente para el país:
Organizaciones de derechos humanos consideran que el Caso Malvinas representa uno de los mayores desafíos judiciales del Ecuador, porque involucra a miembros de las Fuerzas Armadas en delitos de lesa humanidad en contexto de operaciones de seguridad interna.
Especialistas señalan que la sentencia que emita el Tribunal marcará un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la protección de niños y adolescentes, y sobre los límites del uso de la fuerza en operativos militares.
