La declaratoria de emergencia en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), con una vigencia de 60 días, busca construir a tiempo la infraestructura para que la Armada custodie el sistema VTS, el cual estaría diseñado para coadyuvar en el combate a la delincuencia en el sector y a una amenaza extorsiva directa contra un operador.
La empresa PSA Marine Ecuador Harbour Services, que moviliza a prácticos y tripulaciones, denunció que una banda criminal que opera en Data Villamil los contactó para exigirles pagos mensuales a cambio de «seguridad». La amenaza consistía en secuestrar al personal y atentar contra las embarcaciones que fondean en la zona.
