El Tribunal de Garantías Penales Especializado que juzga el caso que la fiscalía general del Estado llamó Triple A, en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido adelantado al 24 de diciembre de 2025. La diligencia estaba prevista para el 21 de enero de 2026. El tribunal ha alegado que aplica el principio de celeridad.
El último acontecimiento lo hizo conocer el alcalde a través de su cuenta oficial de X:
“La fiscal Ivonne Proaño, la misma que enfrenta múltiples cuestionamientos y cuya destitución se pide por graves irregularidades, hoy actúa desde la desesperación. Pretende allanar y amedrentar a nuestros abogados”, escribió Alvarez.
Desde mediados de 2024, Ecuador ha sido escenario de una confrontación política e institucional entre el presidente de la República, Daniel Noboa Azín y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henríquez. Esta pugna tiene como eje inicial el denominado “Caso Triple A”, una investigación penal por presunta comercialización irregular de combustibles, a partir de la cual se han desplegado otros procesos judiciales, administrativos y electorales.
La acumulación de causas, la simultaneidad de acciones estatales y la exposición pública desde el Ejecutivo han generado cuestionamientos sobre posible persecución política, afectaciones al debido proceso, seguridad jurídica y derechos humanos, mientras que el Gobierno sostiene que se trata del ejercicio legítimo de control y lucha contra la corrupción.
1. EL CASO TRIPLE A: ORIGEN DEL CONFLICTO
En julio de 2024, el Gobierno Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunta comercialización ilegal de combustibles, señalando a empresas vinculadas al entorno familiar del alcalde Aquiles Álvarez. La investigación fue conocida mediáticamente como “Caso Triple A”.
Desde su inicio, el alcalde sostuvo que el proceso tenía motivaciones políticas, al producirse en un contexto de confrontación directa con el Ejecutivo. Para el Gobierno, en cambio, el caso respondía a hallazgos técnicos y financieros que debían ser investigados penalmente.
2. CIERRE DE GASOLINERAS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Tras la denuncia penal, agencias de control del Ejecutivo dispusieron la suspensión y cierre de varias estaciones de servicio vinculadas a empresas relacionadas con el entorno del alcalde. Estas medidas tuvieron un impacto económico inmediato y reforzaron la percepción de una sanción anticipada, antes de que existiera una sentencia judicial.
Especialistas en derecho administrativo señalaron que, si bien el Estado tiene facultades de control, la concentración de acciones sobre un adversario político puede afectar la percepción de imparcialidad institucional.
3. ALLANAMIENTOS Y ESCALAMIENTO JUDICIAL
Durante 2024 y 2025 se realizaron allanamientos a empresas, inmuebles y a dependencias relacionadas con funcionarios municipales de Guayaquil, en el marco del Caso Triple A y procesos conexos. Aunque estos operativos contaron con órdenes judiciales, coincidieron con momentos de alta tensión política entre el presidente Noboa y el alcalde, lo que reforzó la narrativa de judicialización del conflicto político.
4. MEDIDAS CAUTELARES Y USO DE GRILLETE ELECTRÓNICO
En 2025, un juez negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, pero impuso medidas cautelares al alcalde Aquiles Álvarez, entre ellas la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de un grillete electrónico.
El uso del dispositivo se convirtió en un símbolo político del conflicto, al tratarse de una autoridad local electa. El alcalde cuestionó la proporcionalidad de la medida y alegó afectaciones a su presunción de inocencia.
5. NUEVO PROCESO POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS
En el segundo semestre de 2025, la Fiscalía abrió un nuevo proceso penal por presunto lavado de activos, separado formalmente del Caso Triple A, pero vinculado en el debate público al mismo conflicto.
Este nuevo expediente incluyó allanamientos adicionales y amplió el cerco judicial alrededor del alcalde, incrementando las denuncias de persecución política desde el Municipio de Guayaquil.
6. DENUNCIAS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (TCE)
Paralelamente a los procesos penales, se presentaron varias denuncias contra Aquiles Álvarez ante el Tribunal Contencioso Electoral, entre ellas por violencia política de género, incumplimiento de sentencias e inducción al voto. El presidente Daniel Noboa intervino públicamente exhortando al TCE a pronunciarse sobre una de estas denuncias, lo que generó cuestionamientos sobre la independencia del organismo electoral.
7. CONFLICTO CON EL SERCOP Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
En 2025, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) suspendió y observó múltiples procesos de contratación del Municipio de Guayaquil, alegando irregularidades y posibles sobreprecios. Desde la Alcaldía se denunció un bloqueo selectivo y una afectación directa a la autonomía municipal y a la ejecución de obras públicas.
8. LA PUGNA POR EL AGUA POTABLE
En noviembre de 2025, el presidente Noboa denunció públicamente una supuesta contaminación del agua potable en Guayaquil. El alcalde respondió negando las acusaciones, presentando informes técnicos y realizando actos públicos para desmentirlas. El derecho humano al agua se convirtió así en un nuevo eje de confrontación política.
El Caso Triple A y los procesos derivados configuran un conflicto multidimensional entre el Ejecutivo y el gobierno local de Guayaquil. Más allá de las responsabilidades penales que deberán ser determinadas por la justicia, la acumulación de acciones institucionales ha generado alertas sobre debido proceso, seguridad jurídica, autonomía local y derechos humanos.
