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La Fiscalía General del Estado investiga a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por presunta complicidad en un esquema de suplantación de identidad que permitió la
La Fiscalía General del Estado investiga a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por presunta complicidad en un esquema de suplantación de identidad que permitió la aprobación fraudulenta de préstamos quirografarios a nombre de jubilados, con montos de hasta $30.000. Hasta ahora, se han presentado tres denuncias oficiales, aunque se estima que el número de afectados podría superar los 60 casos.
Según las investigaciones preliminares, una red de estafadores habría accedido a los datos personales de los jubilados para suplantar su identidad, modificar contraseñas en el sistema del IESS y tramitar los préstamos. Las aprobaciones fraudulentas se realizaron en una dependencia del IESS en Durán (Guayas), donde también se detectaron las transacciones financieras relacionadas.
Los afectados, como el maestro jubilado Bolívar Potes, denuncian que las cuotas de los préstamos no solicitados superan el 50% de sus pensiones, dejándolos con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Además, varios jubilados aseguran que estos delitos no podrían haberse cometido sin la complicidad de funcionarios internos del IESS.
El caso salió a la luz en noviembre de 2024, cuando un grupo de jubilados notó descuentos inusuales en sus pagos de pensión. En un plantón realizado en Guayaquil, liderado por Víctor Hugo Flores, los afectados exigieron una revisión urgente de los montos descontados y una investigación profunda sobre la participación de empleados del IESS.
“Esto no es un error, es un robo sistemático”, afirmó Flores, al señalar que las autoridades deben tomar medidas para detener el esquema y restituir los fondos perdidos.
La Fiscalía ha comenzado a identificar a los responsables dentro de la entidad y está recopilando pruebas para determinar la magnitud del delito. Los jubilados afectados esperan que se procese a los culpables, se restituyan los fondos y se garantice la seguridad de sus datos personales.
Este caso no solo evidencia fallas en los controles internos del IESS, sino también la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad ante redes de estafa que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
