Francisco Dávila, Francisco Flores y Mónica Abad, fueron los jueces que dictaminaron la sentencia de 13 años de presión para Susana M, Cristina G. y Johana V., como autoras directas del delito. De igual forma determinaron la pena privativa de libertad de 13 años en contra de Daniel Salcedo Bonilla, Sandra O., Lenín R., Alejandro B., en calidad de coautores del hecho.
Las investigaciones realizadas acerca del hecho detallan que se habría la falta penal con la adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos en el Hospital de los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
La fiscal que estuvo a cargo del caso es Claudia Romero, autoridad fiscal que convocó a 112 testigos y peritos e introdujo 126 pruebas mostradas en documentales, medios probatorios que fueron presentados ante el tribunal. De esta manera se pudo comprobar la tesis de la Fiscalía, cuya investigación determinó que tres autoridades del Hospital de Los Ceibos dispusieron arbitrariamente de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de USD 872 000.
Por otra parte, también se confirmó proformas falsas para beneficiar a Silverti S.A, mediante la falsificación de firmas para validar la compra con la empresa adjudicada. “En comparación con lo ofertado por otras empresas, en el precio de las bolsas para cadáveres se encuentra un incremento estimado superior al 300%, lo cual no se justifica”, indicó Francisco Flores, juez ponente.
