Diana Salazar, fiscal general del estado,se opuso a que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) intenten fiscalizar su gestión, ante la disolución de la Asamblea Nacional. Aseguró que las dos entidades “no tienen ninguna potestad ni facultad de fiscalizar o realizar acciones que vayan en desmedro de la actividad de la Fiscalía General del Estado”.
Habló de los procesos en su contra, durante una entrevista en Ecuavisa, la noche del martes 30 de mayo. Aseguró que no asistirá a la audiencia pública convocada por el CPCCS, para las 10:00 del viernes 2 de junio de 2023, por pedido del colectivo Acción Jurídica Popular y de un abogado que se identificó como Miguel Oleas Benavides.
Según la fiscal, se están confundiendo las audiencias públicas con una figura establecida en la Ley de Participación Ciudadana, que tiene que ver con la función pública. Los pedidos tienen como objetivo reprender a la fiscal por las calificaciones que obtuvo en el concurso público de méritos que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición y por el cual llegó al cargo.
Además, se acusa a Salazar de un presunto plagio en parte del texto de su tesis universitaria. Sobre la acusación, la fiscal dijo tener certeza sobre el proceso que realizó para su proyecto de grado. Explicó que el Tribunal que la evaluó estuvo conformado por Washington Pesantez, quien en aquel entonces era fiscal general del Estado, el doctor Mario Ochoa -su director de tesis- y otros docentes. Impugnó que se la acuse de plagio, que es una mentira y una mala utilización del término. Manifestó además que espera que la Universidad Central del Ecuador emita el informe sobre la evaluación de su tesis de grado.
