El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmo el Decreto Ejecutivo N° 294,
el cual dispuso la conformación de la “Comisión para el Diálogo Penitenciario y
la Pacificación”, con el objetivo de contribuir al desarrollo y aplicación de estrategias enfocadas en DD. HH para erradicar las muertes violentas y los altos niveles de violencia detectados al interior de los dentro de privación de libertad en todo el país.
Esta Comisión gozará de autonomía para establecer su propia hoja de ruta y metodología de trabajo, acatando únicamente lo dispuesto en la Constitución ecuatoriana y la ley respectiva. También se encargará de coordinar con las instituciones públicas
competentes. Los integrantes que conforman la Comisión deberán emplear mecanismos de identificación para ingresar a las
La comisión tendrá un plazo de vigencia de seis meses a partir de la fecha de su primera
sesión y estará conformada por un equipo de nueve expertos nacionales e
internacionales como: Luis Barrios; Nelsa Curbelo; Miriam Delgado; Claudia Milena Garzón; Mónica Ingarévalo Jaramillo; Prudencio Francisco Loor; Jorge Alfredo Narváez Matamoros; Ricardo Morales y Christian Andrés Nieto quienes provienen de la sociedad civil, iglesias, la academia y el sector público.
El Jefe de Estado agradeció a los miembros de la comisión por su aporte profesional y humano. Agregó que los lamentables hechos ocurridos al interior de las cárceles en los últimos meses, no solo dejaron dolor y muerte, sino también un sentimiento de inseguridad general. Por eso, “uno de los desafíos del Ecuador en los próximos años será lograr la pacificación y la rehabilitación social de quienes están detenidos”.
Este organismo empezará a trabajar de manera inmediata. El Mandatario enfatizó: “no podemos perder más tiempo ante la crisis carcelaria, por lo que la comisión analizará las causas y efectos de la actual situación penitenciaria para establecer un pacto de conveniencia interna con dignidad, humanidad y corresponsabilidad”.
Al finalizar su intervención, el presidente Lasso afirmó que las personas privadas de la libertad tienen derecho a una segunda oportunidad y deben cumplir sus penas con absoluto respeto a los derechos humanos. No obstante, se trabaja por poner fin a las mafias que dominan las cárceles, al propiciar la entrega voluntaria de armas y fomentando la rehabilitación social: “para aquellos PPL que están inmersos en mafias, que portan armas y provocan zozobra serán castigados con todo el peso de la ley; y aquellos que quieran colaborar y que estén dispuestos a ser mejores seres humanos para insertarse
en la sociedad se les dará una nueva oportunidad con todos sus derechos y con estricto apego a los estándares internacionales”.
