La fiscal general Diana Salazar, confirmó en la última audiencia relacionada al caso por delincuencia organizada denominada ‘’Las torres’’ que Pablo Celi, Contralor subrogante, uno de los trece procesados en esa causa penal, formaba parte de tres investigaciones previas por hechos que generarían delitos tales como tráfico de influencias y contra la eficiencia en la administración pública.
La primera investigación previa tendría su origen por una denuncia de Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, según Fiscalía, habría dado cuenta de actividades puestas a investigación que se cometen dentro de la Contraloría General del Estado (CGE), durante este periodo, Pablo Celi, era su cabeza.
La viceprefecta de Pastaza habría puesto una denuncia de los hechos antes mencionados durante un versión libre y voluntaria que entregó el pasado 3 de mayo de 2021 en el caso Las Torres. En esa misma, se mencionaron hechos ocurridos durante el año 2019 en los cuales estarían involucrados dignidades de la CGE como Celi, entre otras personas.
La denunciante sostendría que el contralor subrogante tenía conocimientos de los pedidos de dinero que hacía el funcionario de la Contraloría General del Estado, para emitir supuestamente un documento que dejaría fuera del cargo al prefecto de Pastaza. A su vez, Cumandá hizo entrega de un audio en el que grabó al funcionario de la contraloría quien, como emisario, le citó en Quito para arreglar lo que le solicitaban.
El juez de la Corte Nacional Felipe Córdova, quien está a cargo del caso por delincuencia organizada, resumía la teoría de Fiscalía mencionando que lo que se investiga es una estructura que operaba desde la CGE, la Presidencia de la República y Petroecuador. Todo aquello mediante funcionarios públicos y particulares, entre ellos empresarios quienes se dedicaban a pagos indebidos a personas que ejercían en dichas instituciones.
