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En septiembre del 2021, el Gobierno mantiene los compromisos con los Fondos Monetarios Internacional (FMI), deberá presentar una reforma tributaria que no solo busque un alza de tres puntos en el impuesto al valor agregado (IVA) sino que se enfoque en racionalizar el gasto tributario.
También se manifestó el beneficio o incentivo económico impositivo por el cual el Estado deja de recibir ingresos. Ahí entran, por ejemplo, exoneraciones, devoluciones, tarifas del 0% o reducción de porcentajes a favor de ciertos grupos de contribuyentes. Por ello, en el año 2018 se gasto 5 756 millones, lo que representó el 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 40,9% de la recaudación de impuestos, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), ya que para eso derivan los grandes rubros del estado. El pasado lunes según comunicó Julien Reynaud representante del FMI “Los más ricos casi no pagan porque hay muchas exenciones y los hogares de ingreso medio tampoco pagan, hay muy pocas personas pagando el impuesto”. Sin embargo, se fundamenta la necesidad de ajustar el sistema tributario con una reforma progresiva que generará USD 2 000 millones desde el 2022. Como parte del acuerdo, se sugiere bajar o eliminar la devolución del IVA.
Se informó según la directora ejecutiva del Grupo Faro manifiesta que las personas que más se benefician del gasto tributario son por lo general quienes tienen mayor capacidad económica. Este estudio de esta organización señala que el nivel de gasto tributario de Ecuador con relación al PIB es mayor al promedio de los países de América Latina, que es del 4%. Por el contrario, los ingresos fiscales del país frente al PIB son menores en comparación al promedio regional.
