De forma tajante, los asambleístas del movimiento Pachakutik, denominados rebeldes: Mario Ruíz, Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Mireya Pazmiño y Fernando Cabascango, rechazaron la campaña gubernamental de desprestigio contra el movimiento indígena y las movilizaciones de junio 2022.
A nombre de sus compañeros, Mario Ruiz sostuvo que históricamente el fascismo acusa, denigra, descalifica y pretende posicionar en la cabeza de los ecuatorianos que hay grupos terroristas, que hay narcotraficantes en el movimiento indígena, en la CONAIE y organizaciones sociales con el fin de judicializar y perseguir a los dirigentes y luchadores sociales. Eso es un libreto conocido, afirmó en rueda de prensa, acompañado de los denominados legisladores rebeldes del movimiento arcoíris.
En estos últimos días después de la paralización que vivió el país, por justicia, no solo para el pueblo indígena sino para todo el pueblo ecuatoriano, vemos como la derecha y la oligarquía de este país se han unido al fascismo para descalificar, desconocer y denigrar esa protesta social.
Ratificó el compromiso con el pueblo, las organizaciones sociales, colectivo de mujeres, de jóvenes, ambientalistas, CONAIE, al reiterar el rechazo a las declaraciones del presidente de la República de que las manifestaciones fueron financiadas por el narcotráfico y conminarle para que presente las denuncias con las pruebas respectivas en la Fiscalía General del Estado.
“No podemos seguir tolerando que el presidente de la República haga acusaciones y no presente pruebas. Estaremos vigilantes de lo que hagan las instituciones del Estado: la Fiscalía, la justicia a través del Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Secretaria de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo. Frente a estos casos no vamos a tolerar que se inicie un proceso de persecución en contra de los dirigentes sociales, persecución judicial o política” dijo.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas progresistas de izquierda para enfrentar al fascismo del Gobierno Nacional, política, comunicacional, y judicialmente. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos a estar vigilantes de los que pase aquí en el Ecuador, enfatizó.
