Se trata del juez Angel Lindao que cumple funciones en La Concordia- Santo Domingo.
El Consejo de la Judicatura de Santo Domingo declaró la caducidad del expediente disciplinario contra el mencionado magistrado, que se le abrió por un fallo dentro del caso Norero.
La Fiscalía rechazó la decisión del Consejo de la Judicatura CJ de Santo Domingo, de declarar la caducidad del expediente disciplinario que se abrió contra el juez Ángel Lindao, a raíz de un fallo sobre el caso de Leandro Norero, en junio de 2022. Se refieren a la decisión del magistrado sobre una acción de protección que presentó Carlos P., procesado por lavado de activos, para reclamar la mansión en la que habitaba Norero y su excompañera sentimental y también procesada, Lina R.
En un extenso comunicado, la entidad recordó que el 15 de agosto de 2022, la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo calificó de “negligencia manifiesta” la actuación del juez, y se le abrió un sumario disciplinario, el 9 de septiembre. “Pese a que esta conducta habría constituido en una causal suficiente para la destitución de “dicho funcionario -y además de existir declaratoria jurisdiccional previa-, el 23 de diciembre de 2022, el director del Consejo de a Judicatura de Santo Domingo, Víctor Hugo Moya, resolvió declararla caducidad del expediente disciplinario”, explicó. Según la Fiscalía, la acción de protección llegó a conocimiento del juez Lindao por un “sorteo irregular, debido a una falta de competencia territorial del juzgador”. Recientemente, la entidad también cuestionó otra de las actuaciones del juez de La Concordia, de conceder una medida cautelar a favor de Wilson Vinicio Ruiz Torres, condenado a 24 años de prisión por el sicariato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga. “La Fiscalía General del Estado expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia”, concluyó. El juez Lindao también es recordado por dejar sin efecto la destitución de cuatro consejeros de Participación Ciudadana, aunque la Asamblea Nacional previamente los había destituido y el mismo magistrado ordenó a la Asamblea colocar una placa, que luego retiraron los legisladores.
