La jueza Karina Izurieta de la Unidad Judicial del cantón Santa Rosa aceptó medidas cautelares solicitadas por la consejera Gina Aguilar.
La sentencia dispone a la Asamblea Nacional posesionar en un plazo de 72 horas a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social.
La jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa, en la provincia de El Oro, resolvió a favor de la acción de medidas cautelares que presentó Gina Aguilar, consejera de Participación Ciudadana, para que se posesione al resto de vocales de la Función de Control Social, tras la destitución de los consejeros que ordenó la Corte Constitucional por incumplimiento de funciones.
En la sentencia la jueza ordenó lo siguiente:
DISPONER que la Asamblea Nacional, en el plazo no mayor de 72 horas, cumpla su deber constitucional de posesionar a los miembros principales y suplentes del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su legal funcionamiento; 2) Se dispone que la Asamblea Nacional se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de la presente resolución bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Art. 22 Numeral 4 de la Ley de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional (sic)”, ordenó este lunes 1 de enero la jueza, según los registros de la Función Judicial.
“La consejera Aguilar quiere cumplir con el mandato para el cual fue elegida. No obstante, no lo puede desarrollar porque el Pleno del CPCCS no puede sesionar debido a la ingobernabilidad existente por la destitución de sus integrantes. Con este recurso legal, el objetivo es que se le devuelva la institucionalidad al CPCCS y, a partir de allí, poder sesionar”, reseñó Diego González, abogado de Gina Aguilar.