De enero a abril de este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 467,3 millones por dos impuestos temporales establecidos para las sociedades (empresas). Ambos se debían declarar hasta el 31 de marzo.
Uno de los tributos temporales fue la tercera y última contribución dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria para las empresas que generan ingresos iguales o superiores a USD 1 millón, en el ejercicio fiscal 2018. La contribución la hicieron las sociedades en 2020, 2021 y 2022. La recaudación de este impuesto en este año fue de USD 161,1 millones.
El otro fue el impuesto a la riqueza, establecido en la última reforma tributaria, denominada Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, para las sociedades con patrimonios superiores a USD 5 millones. Por este concepto, la Administración Tributaria recaudó USD 306,2 millones. El pago también lo harán en 2023.
Estos dos impuestos fueron establecidos en contextos como las revueltas de octubre de 2019 en el Ecuador, y la pandemia del covid-19, que aún no ha terminado.
La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria fue aprobada durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno y entró en vigencia en enero de 2020. Esta reforma tributaria fue uno de los compromisos del Gobierno, en el marco del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fue impulsada por el presidente Guillermo Lasso y entró en vigencia en noviembre de 2021. El tributo busca que hagan una contribución temporal las grandes ganadoras de la pandemia y con ello cubrir los gastos en la vacunación.
Para Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), estos impuestos temporales tienen efectos a corto, mediano y largo plazo para las empresas. A corto plazo, para los meses de marzo y abril el primer efecto se da sobre el flujo de recursos de las empresas. A mediano y largo plazo, añade Zambrano, afecta a la seguridad jurídica, empleo, producción y ventas. “Las contribuciones temporales se han transformado en cargas permanentes, no abonan a un entorno de seguridad jurídica. Además, afecta a la generación de empleo, producción y ventas”.
Fuente: Diario El Comercio
